El lunes pasado (27), la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, formalizó una denuncia constitucional contra la presidenta del país, Dina Boluarte, en relación con los trágicos hechos que resultaron en la muerte de manifestantes durante los convulsos meses de protestas que tuvieron lugar el año pasado.

Este movimiento marca el primer proceso de procesamiento en el Congreso liderado por la fiscalía general contra el presidente, después de casi un año de intensas investigaciones.

Además, el mismo día, Benavides despidió a un miembro clave de su equipo anticorrupción, que estaba involucrado en investigaciones en su contra.

En una declaración televisada, el fiscal general rechazó con vehemencia las acusaciones de la investigación en su contra, calificándolas de intentos de «socavar la independencia de los poderes».

Vale recordar que Boluarte ya es el sexto presidente de Perú en los últimos seis años, y que esta denuncia podría desestabilizar aún más el cargo y toda la economía y política del país.